Temas y problemas de gestión pública

 

Medición de desempeño:

Es parte fundamental para la formación de entidades públicas eficientes, eficaces. Para comprender de mejor manera este punto lo dividiremos en dos primero los tipos de control y los sistemas de gestión y monitoreo y seguimiento; el modelo especifico de control estándar interno.

Los tipos de control de la administración pública:

En Colombia existen varios tipos de control por mandato constitucional tales como:

a) El control disciplinario, artículo 277 de la C.P., desarrollado en la ley 734 de 2002.

b) El control contable, artículo 354 de la C.P., desarrollado en la ley 298 de 1.996

c) El control fiscal, artículo 267 y 268 de la C.P., desarrollado en la ley 42 de 1993.

d) El control de gestión, artículo 343 de la C.P., desarrollado en la ley 152 de 1994.

e) El control interno, artículo 209 y 269 de la C.P., desarrollado en la ley 87 de 1993

Puntos clave de la gerencia pública son la eficiencia y la eficacia Entendida la eficiencia como el buen uso o aprovechamiento óptimo de los recursos; la eficacia como el logro de los objetivos propuestos y la satisfacción del cliente.

Desde el punto de vista de la gestión pública existen dos conjuntos de procesos o subsistemas. El procesador de insumos para la obtención de productos (control procesos) y el y el subsistema que genera los impactos o efectos en el medio (evaluación de resultados).

El control gerencial debe apuntar a la medición, el seguimiento y la evaluación de los grandes objetivos fijados por la organización.

La evaluación de resultados busca, en general, evaluar las orientaciones generales de la gerencia. Orientaciones que, en el caso de lo público, se expresan en el plan de desarrollo.

El control de procesos tiende a medir el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o beneficiarios. Satisfacción cumplida mediante la entrega de servicios o bienes acordes con las expectativas de los demandantes.

El proyecto se determina como la unidad mínima de ejecución en los procesos y áreas; de igual manera, determina la capacidad operativa dentro de especificaciones, plazos y presupuestos específicos.

El control de gestión cumple funciones específicas:

1. Apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones.

2. Controlar, en el tiempo, la evolución de los principales procesos y variables.

3. Racionalizar el uso de la información.

4. Servir de base para la adopción de normas.

5. Servir de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos.

6. Permitir la comprensión de la evolución, situación actual y futura de la empresa.

Los indicadores se constituyen en base de suprema importancia para el funcionamiento de los sistemas de control de gestión. Sin los indicadores, el control de gestión deja de operar.

Los indicadores nos permiten evaluar y medir los resultados de las políticas públicas al permitir:

1. Facilitar la toma de decisiones.

2. Generar las bases para estimar los recursos requeridos para producir los servicios a cargo de las entidades.

3. Analizar la eficacia y la eficiencia en la gestión.

Se es eficiente cuando se aprovechan los recursos en un proceso. Se es eficaz cuando se satisfacen las expectativas de un cliente con el producto (bien o servicio) que se ofrece. El concepto efectividad se construye a partir de los dos anteriores. En otras palabras, se es efectivo cuando se es eficiente y eficaz a la vez.

Sistemas de servicio civil y plantas de personal resumen:

El servicio civil: El conjunto de personas (funcionarios) adecuados en número y en formación para el cumplimiento de las funciones del Estado conforma el “Sistema de servicio civil”. Lo constituye el conjunto de reglas formales e institucionales y los mecanismos que le permiten a un Estado contar con el personal para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales

En la década delos años 60 y 80 Colombia aplico el modelo de sustitución de importaciones, lo cual do a un crecimiento del intervencionismo estatal y gracias el, algunos países de Latinoamérica se volvieron inversionistas directos o colectivo. Esto dio a un crecimiento al empleo público, incentivado por la nacionalización de

la salud y la educación. A finales de los 70 y comienzos de los 80 se entra en crisis y se agudiza el déficit fiscal y de esta manera el empleo público disminuye, y esta década se aplica el “consenso de washitong” que tenía como propósito la implementación de varios puntos para la regularización de los estados de Latinoamérica en materia económica y que fue impuesta por el (FMI) y (BM) debido a la deuda externa.

El consenso tenía entre sus puntos:

1. Disciplina fiscal, en cuanto a reducir y evitar grandes déficits en las cuentas públicas.

2. Focalización del gasto público en subsidios dirigidos a los más pobres -incluidos aquellos destinados a la salud primaria y a la educación escolar- y en infraestructura, descartando subsidios universales.

3. Ampliación de la base tributaria, aplicación de un impuesto al valor agregado y reducción de las tasas marginales del impuesto a la renta.

4. Tipos de cambio competitivos.

5. Apertura al comercio internacional, con particular énfasis en la eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones (cuotas, depósitos previos, tipos de cambio múltiples) y en la aplicación de aranceles bajos y parejos.

6. Apertura a la inversión extranjera directa.

7. Privatización de empresas públicas.

8. Desregulación de mercados, fomentando la libre competencia con especial cuidado en no desechar regulaciones prudenciales a los mercados financieros y otras a favor de la protección del medio ambiente.

9. Liberalización de las tasas de interés.

10. Fortalecimiento de los derechos de propiedad (certeza jurídica).

Es común encontrar teorías que le asignan tres elementos a un sistema de servicio civil: el componente organizacional, el componente de las reglas que aplican a los servidores públicos y el componente salarial. El primero se refiere a la forma como se definen las políticas generales que rigen a los servidores públicos y quién administra su carrera; el segundo, al conjunto de normas que determinan las obligaciones y derechos de los servidores públicos, así como al establecimiento del “ciclo vital” del funcionario mientras esté al servicio del Estado; y el tercero, a la determinación del sistema de asignación salarial que le corresponde de acuerdo con el nivel y las responsabilidades que asume, a partir de un sistema de valoración de empleos.

Con respecto al primer componente los países de Latinoamérica tienen sus propias versiones. En Colombia quien se encarga de esto es el (DAFP) y unas unidades descentralizadas para la administración de los recursos humano, en este segundo caso los empleados, son funcionarios para la entidad que fueron contratados y no para el estado (las unidades de personal de las entidades). También se define el número y composición de empleos por el nivel y tipo de vinculación, esto permite muchas maniobras administrativas y por consiguiente a múltiples reformas, que han permitido el desplazamiento de nombramiento por carrera al libre nombramiento.

En cuanto al segundo componente del “ciclo vital” por más que se plantea el ingreso por concurso, la realidad es que por asuntos políticos y culturales se sigue eligiendo por “amiguismo” en vez de la “meritocracia”. Por otro lado la permanencia en el empleo depende de la capacitación y evaluación del desempeño, que en la práctica latinoamericana se queda corto puesto que no se aplican con la rigurosidad necesaria.

El tercer componente el salarial, en Latinoamérica es fuertemente criticado debido a que no hay base clara del salario, lo que genera que cada entidad pública tenga la potestad de sus salarios y no hay una equidad salarial con respecto a la carga laboral. Todo esto se convierte en un problema cuando se piensa en la movilidad de un empleado público.

Existen también otros puntos a evaluar tales como; organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de compensación y gestión de relaciones humanas y sociales. Posteriormente construyó cinco índices: de eficiencia, de mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora.

Una rápida revisión de las reformas a los sistemas de servicio civil permite clasificarlas en tres tipos: modernización de los sistemas, introducción de mejoras en su funcionamiento y cambio de régimen. En el primer grupo se encuentran las reformas efectuadas en países como El Salvador, Ecuador, Venezuela, Colombia y Chile, países que intentaron modernizar el sistema en su conjunto. En el segundo grupo se ubican las reformas de los países que han tratado de efectuar mejoras técnicas u organizativas, caso de Brasil y Costa Rica. En el tercer grupo se hallan las reformas de los países que intentan cambiar el régimen hacia la construcción de un sistema de mérito: Nicaragua y México.

La gestión pública es responsable de desempeñar todas aquellas tareas que representen un apoyo administrativo en cualquier ámbito del Estado. En el territorio latinoamericano, se han creado distintos sistemas para su implementación en los distintos países que la conforman y cada uno con sus dinámicas pero, que tienen un mismo fin el cual es la buena práctica de los servicios y recursos del sector público para la sociedad, dicho esto la gestión pública presenta ciertas dificultades en su implementación en los países que hacen parte de esta, ya sea por asuntos políticos o culturales. En el siguiente escrito abordaremos temas de relevancia frente al tema propuesto.

La gestión pública tiene relación directa con la administración pública, al ser esta una subdivisión y que su principal papel es, la desempeñar todas aquellas tareas que representen un apoyo administrativo en cualquier ámbito del Estado. Dicho esto en Latinoamérica una región tan compleja y, la cual en los años 80 vivió una crisis económica más preciso el déficit fiscal causado, por las malas prácticas administrativas implementadas a lo largo del territorio latinoamericano. Esta crisis dio a lugar, a que el fondo monetario internacional (FMI) y el banco mundial (BM)

pusieran en marcha un plan de restructuración económica y por consiguiente unas reformas a las prácticas de las organizaciones civiles, esto se denominó como el consenso de Washington el cual consistió en mayor medida a la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos.

El consenso de w Washington tenía entre sus puntos centrales, una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington, tales como:

1. Disciplina fiscal, en cuanto a reducir y evitar grandes déficits en las cuentas públicas.

2. Focalización del gasto público en subsidios dirigidos a los más pobres -incluidos aquellos destinados a la salud primaria y a la educación escolar- y en infraestructura, descartando subsidios universales.

3. Ampliación de la base tributaria, aplicación de un impuesto al valor agregado y reducción de las tasas marginales del impuesto a la renta.

4. Tipos de cambio competitivos.

5. Apertura al comercio internacional, con particular énfasis en la eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones (cuotas, depósitos previos, tipos de cambio múltiples) y en la aplicación de aranceles bajos y parejos.

6. Apertura a la inversión extranjera directa.

7. Privatización de empresas públicas.

8. Desregulación de mercados, fomentando la libre competencia con especial cuidado en no desechar regulaciones prudenciales a los mercados financieros y otras a favor de la protección del medio ambiente.

9. Liberalización de las tasas de interés.

10. Fortalecimiento de los derechos de propiedad (certeza jurídica).

La implementación del consenso afecto en mayor medida, al empleo público en los países latinoamericanos, en los cuales se vio un reflejo en la disminución de este y

que abrió pasó al sector privado. Todas estas políticas que se llevaron a cabo, dieron lugar a unas nuevas inquietudes y problemáticas en el campo de la gestión pública y para los cuales se crearon distintos mecanismos o instituciones para la superación de los problemas que se pudieran presentar.

En Latinoamérica se han creado distintos sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión, como ejemplo tenemos a países como argentina, el cual tiene el Sistema de seguimiento físico-financiero de la oficina nacional de presupuesto (SSFF) Sistema de información, monitoreo y evaluación de programas sociales (SIEMPRO), costa rica Sistema Nacional de Evaluación (SINE) y Colombia sistema de evaluación de resultados de gestión pública (SINERGIA). Estos mecanismos en teoría deberían garantizar que el direccionamiento del trabajo y de los recursos del estado pero, que en la práctica se quedan corto debido a que, internamente el desempeño de sus empleados no cumplen con los requisitos mínimos, ya sea por la mala asignación del trabajo dentro de las entidades, es decir, el buen uso de los recursos humanos.

En Colombia se ha implementado un sistema de control interno, que se remonta a la ley 87 de 1993 la cual dice, el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. En síntesis, podemos decir que la ley promulga el buen uso de los recursos del estado y que estos se ejecuten bajo el marco de las normas constitucionales. Posteriormente el Decreto 1599 de 2005 adoptó el “Modelo estándar de control interno” para el Estado Colombiano, MECI en conformidad con la ley 87 de 1993. En el cual se plantea que depende de cada institución u organización su implementación en cada entidad.

Aparte de lo ya hablado tenemos que tener en cuenta las plantas de personal que es el diseño de la planta organizacional dependiendo, el tipo de carga laboral que

se presente en la entidad y esto hace de división del trabajo según la capacidad de formación del individuo. La planta de empleados puede modificarse, esto con previa revisión de la autoridad vigente, en el caso de Colombia quien se encarga de vigilar y direccionar este punto de la gestión pública es el, departamento administrativo de la administración pública (DAFP). También deben ajustarse a ley 909 de 2004 “ley del empleo público” que señala las formas de empleo en la administración pública y, en particular, reglamenta el sistema de carrera administrativa. Por el cual la ley colombiana dice que aquel que aspire a entra a un cargo público deberá hacerlo mediante concurso.

De lo anterior podemos decir que en teoría debería funcionar, pero, que en la práctica se ve obstaculizado por el “amiguismo”, en donde se contrata al personal no por su desempeño, sino por el simple hecho que algunos funcionarios los contratan por pagar favores o en cuyo caso, cobrarlos ellos en un futuro. Lo que deja un mal funcionamiento, de la entidad u organización a la que se vinculan estos empleados.

Por último tenemos las tecnologías de información, las cuales juegan un papel importante en implementación de nuevas y mejores prácticas en la administración pública y que se llevan a cabo por las presiones que es sometido el estado de parte, de las multinacionales y empresarios locales los cuales buscan que el estado sea más eficiente y eficaz a la hora de implementar políticas económicas, además de que el estado se ve en la necesidad de avanzar en sus prácticas administrativas.

Como se dijo anteriormente el uso de las tecnologías, abre paso a un gobierno interconectado. Las ventajas que ofrecen las tecnologías informáticas a un estado, son variadas y que logran mejorar las dinámicas de administración pública. Entre las mejoras que podemos encontrar la aplicación de dichas herramientas tecnológicas esta, que Los ciudadanos pueden entrar a la página y realizar trámites de forma completa como pagos o solicitudes; El uso masivo y a profundidad del Internet y las tecnologías de información y la comunicación (TICS) permite el manejo automatizado de recursos y usuarios; Se promueve el uso de la página web para la

participación en la formulación, discusión y evaluación de las políticas públicas del gobierno, entre otras ventajas.

En Colombia la implementación de las TICS se encuentra en la agenda de conectividad y la cual tiene como fin, masificar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el propósito de lograr desarrollo económico, social, político y cultural mediante su aprovechamiento.

En general podemos observar que la nueva gestión pública, siempre tendrá retos que afrontar y que siempre podrá adaptarse a las nuevas problemáticas que surjan dentro de la administración pública en el entorno socioeconómico.